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Casi tres semanas después de que en Paraguay tuvieron lugar los comicios electorales para la elección de presidente, vicepresidente, el congreso y las gobernaciones, los resultados electorales siguen causando controversia.

El ganador de la jornada el 22 de abril – por una ajustada diferencia de apenas 3,7%, según los datos provisorios – fue el senador Mario Abdo Benítez, candidato presidencial del Partido Colorado que derrotó a su contrincante el opositor liberal Efraín Alegre, de la Alianza Ganar.

A partir del inicio del escrutinio oficial de actas electorales, se ha desatado una seguidilla de denuncias y protestas. Entre acusaciones de fraude de parte de la Alianza Ganar y el pedido de un recuento oficial, Alegre se negó a admitir la derrota.

Todo esto ha puesto en duda la fiabilidad no solo de los resultados sino del sistema electoral paraguayo en general, mi area de investigación académica. Sin embargo, el triunfo de Abdo ya es oficial.

Stroessner el dictador

Abdo es hijo del antiguo secretario privado del dictador paraguayo Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay de 1954 a 1989.

Stroessner encabezó un proceso de modernización conservadora que impulsó el desarrollo de infraestructuras en este pequeño país sudamericano y lo orientó hacia la agroindustria. Bajo su mandato, la economía creció a un ritmo de 8% al año.

Al mismo tiempo, durante 35 años, erigió un régimen autoritario brutal. Arrojó como saldo más de 20 mil víctimas directas de violaciones de derechos humanos, con 18.772 torturadas, 9.862 personas detenidas en forma arbitraria, 3.470 exiliadas, 336 desaparecidas y 59 ejecutadas extrajudicialmente, según los informes de la Comisión de Verdad y Justicia. Paraguay tiene actualmente una población de 6.7 millones.

El padre del actual presidente electo Mario Abdo Benítez, de mismo nombre, formó parte del círculo más íntimo del dictador, conocido como el cuatrinomio de oro. Como secretario privado de Stroessner, Abdo Benítez desarrolló el papel de articulador y referente de la juventud colorada que respaldaba el régimen stronista.

Durante la campaña presidencial, Abdo evitó siempre colocarse en el lugar de defensor del dictador. Ante las consultas sobre cuál es su opinión de Stroessner, intentó separar la política represiva de otros aspectos de su régimen.

“[N]o puedo reivindicar la tortura, la corrupción, el autoritarismo, la persecución a la prensa,” dijo en una entrevista con el medio ABC, “Pero también, en su momento, cuando haya sentimientos menos apasionados, se va a poder hacer un juicio más equilibrado sobre Stroessner”.

A mi criterio, no caben dudas de que su nombre remite con fuerzas a los tiempos de la dictadura a una parte importante de la población.

El Partido Colorado domina

Pero vale reconocer también que casi un tercio los votantes registrados en el padrón electoral nacieron ya en tiempos de democracia. En este sentido, puede que el resultado ajustado tenga más que ver con algunas de las propuestas y posturas conservadoras de Abdo.

Antes de ser nominado como el candidato oficial del Partido Colorado, Mario Abdo empezó la precampaña electoral de 2017 criticando las políticas económicas y sociales del presidente Colorado Horacio Cartes. Incluso le cuestionó la utilización de su posición para facilitar la ampliación de sus negocios como magnate tabacalero.

Esta estrategia intentaba capitalizar un desgaste general con el Partido Colorado, tras largos años en el poder. Este partido, que es el partido de Stroessner, gobernó el Paraguay de forma ininterrumpida desde 1948.

En 2008, los paraguayos eligieron como presidente a un sacerdote progresista, Fernando Lugo, pero fue destituido en 2012 antes de terminar su mandato de cinco años. Oficialmente, el Congreso destituyó al presidente, tras “la matanza de Curuguaty,” una violenta represión policial a campesino ocupantes de tierra que costó la vida de 11 campesinos y 6 policías.

Pero muchos paraguayos y observadores internacionales vieron la destitución de Lugo como un golpe de estado organizado por la derecha.

El Partido Colorado volvió al poder en 2013, con la elección del actual presidente, Horacio Cartes.

Una ola derechista

Una vez designado como candidato oficialista, Abdo se posicionó más cómodamente con posturas conservadoras tradicionales.

Ante las posiciones más progresistas de su adversario, Abdo defendió el servicio militar obligatorio para jóvenes paraguayos, explicando que el servicio militar no es solamente una oportunidad de educación sino “una herramienta más” para aquellas madres en situación de vulnerabilidad que no logran contener a sus hijos.

Abdo además se opuso a las demandas feministas de descriminalizar el aborto en Paraguay y prometió vetar cualquier intento de legalizar el matrimonio gay.

En general, estas consignas conservadoras no confrontaban posiciones de su adversario, ni respondían a propuestas concretas de la sociedad civil paraguaya. En mi análisis, no hubo chance real de que Paraguay impulsara leyes contra el servicio militar obligatorio ni a favor del matrimonio igualitario en esta coyuntura.

Pero azuzar el fantasma del progresismo ayudó a Abdo colocar a su adversario en situaciones incómodas, ante amplios sectores de la sociedad con marcado pensamiento conservador.

Al mismo tiempo que se proyectó a él mismo como defensor de los valores tradicionales católicos latinoamericanos, en un momento en el que toda la región está experimentando una gira hacia la derecha. Brazil, Argentina y Chile – anteriormente conocidos por su liderazgo de izquierda – también vieron a presidentes conservadores llegar al poder en los últimos años.

Con el triunfo de Mario Abdo, el Paraguay continúa inscripto en la senda del conservadurismo, en la que se reencausó tras la destitución de Lugo en 2012. El presidente electo prometió sostener bajos impuestos pero buscar mejores formas de invertir en la educación y salud.

La salida de los outsiders

Pero en Paraguay parecería que lo viejo retorna con rostros renovados.

Hace una década, la entrada de figuras mediáticas, empresarios como el Presidente Cartes y “outsiders” como Lugo – un exobispo católico – a la escena política empujó a algunos analistas a vaticinar que Paraguay entraba una nueva era política.

Eso parece haber cambiado. Los mismos partidos de siempre volvieron a ser los grandes protagonistas de los últimos comicios, tanto al nivel nacional como a nivel local. Con políticos profesionales en las principales candidaturas.

Este retorno a la política tradicional ya comienza a notarse en las primeras designaciones del nuevo presidente electo. Los primeros anuncios de Abdo para su gabinete fueron en la Cancillería y el Ministerio del Interior, con dos políticos de larga trayectoria.

Marcando una diferencia con sus antecesor, Cartes, que había privilegiado a burócratas y gerentes del sector privado, Abdo volvió a considerar a exponentes del Partido Colorado para el nuevo gabinete. De esta forma, el retorno a las fuerzas tradicionales de su partido parecería ser la primera nota que marcará el inicio de su gobierno.

Ignacio González Bozzolasco does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

Source: US-Politics

One year ago, the Trump administration’s deregulatory push was in full swing. The administration was preparing a proposed rule to repeal the Waters of the United States (WOTUS) regulation, and to delay and repeal the restriction of methane emissions from oil and gas extraction on public lands.

Surely these well-publicized deregulatory initiatives which the Trump administration has made a big show of taking credit for have taken effect by now.

Well, not exactly. The WOTUS proposal has not been finalized, and the methane extraction rule is tied up in a thicket of court cases.

President Trump’s record on deregulation has gotten a great deal of attention. He brags about it regularly. It is often placed alongside the tax cuts passed by Congress when his chief accomplishments are recounted. To listen to the president (or the media), one would think that thousands of regulations were repealed.

But as the WOTUS and Bureau of Land Management extraction rules indicate, the actual extent of deregulation is much more limited. At the same time, other moves to dismantle the “administrative state” have quietly been more effective.

No more easy routes

Early in the Trump administration, Congress used the Congressional Review Act, a statute that allows the Senate to bypass the filibuster to repeal recently issued regulations. By May 17, 2017, Congress had repealed 14 Obama regulations using the CRA in a wide array of policy areas. They would add one more regulation from the Consumer Protection Financial Bureau by the end of 2017.

But these repeals are largely the work of Congress and frequent punching bag for President Trump, Senate Majority Leader Mitch McConnell. And now, most Obama-era regulations are off limits for the CRA (although Congress has explored expanding its use). That leaves President Trump and his administration to rely on the typical route for writing and revising regulations – the executive branch – if they want to repeal any more of the thousands of regulations issued during the Obama administration.

Making announcements about a desire to repeal regulations is easy. President Trump did so in December (although his claim that 22 regulations had been repealed for every new regulation was vastly exaggerated). Actually repealing significant regulations is much harder, as the administration is finding out.

An agency must start by developing a proposal to repeal a regulation. This must often be accompanied by a detailed economic analysis of the repeal. The proposal and the analysis are then sent to the Office of Management and Budget for a review. When that review is complete, the proposal is published in the Federal Register for public comment. Agencies must review the public comments, respond to them, make any changes they feel necessary to their proposal and analysis, and then resubmit it to OMB before publishing a final rule. Finally, the rule is subject to litigation.

To navigate this process takes time and expertise. President Trump and his Cabinet members, particularly Scott Pruitt at the EPA, have instead tried to rush through the many steps of this process. This has meant that the last step, the litigation over regulatory repeals, has proven particularly problematic for the administration. At the EPA, courts have struck down delays or repeals of regulations six times already. This pattern holds across the government.

Another kind of damage

Part of the problem for the Trump administration is that while they have been hasty in trying to repeal regulations, the Obama administration was thorough in promulgating them. Over the course of eight years, Obama appointees solicited comments on their proposals, did detailed economic analyses, and built strong cases for many of their regulations. For example, the former EPA administration compiled a 1,217-page analysis done over years to buttress its fuel economy rules, while the current administration generated a 38-page document dominated by auto industry comments to justify reviewing and rescinding them.

In order to repeal these regulations, the Trump administration will have to convince courts that there are sound legal reasons to ignore all of this work. The statute that governs the creation of regulations, the Administrative Procedure Act, requires agencies to demonstrate that they are not arbitrary and capricious.

To do so, the Trump administration will have to rely on the expertise that lies within the federal bureaucracy. But President Trump and his appointees have regularly denigrated those whose help they now require. As a result, many of the most talented people at the agencies have left public service. At the EPA alone, more than 700 employees have left during this administration.

This means not only has the administration failed thus far to repeal many regulations beyond those overturned by Congress using the CRA, but their prospects for doing so in other cases are not strong. These cases include the WOTUS regulation, the Clean Power Plan to limit carbon emissions from power plants, and the recently announced plans to roll back emission standards for automobiles and take on California over their auto emission requirements.

Stephen Bannon listed the deconstruction of the administrative state as a goal of the Trump administration. The repeal of regulations is often trumpeted as the most important sign that Trump is succeeding. But while the administration is failing at the piece of deconstruction they are talking about most loudly, there are signs that they are succeeding in other ways.

The first is the enforcement of existing regulations. While the Trump administration has ramped up enforcement of immigration regulations, it has ratcheted down enforcement of environment and worker safety requirements. This selective pattern of enforcing regulations sends signals to firms that they don’t need to worry about complying with the law when it comes to the environment or public health.

Meanwhile, there has been an exodus of employees from the federal government which will likely have a corrosive long-term effect. Replacing talented public servants is not something that can be done overnight, even by a new administration dedicated to doing so. Training these new government employees will take even longer. As government becomes less effective because of the talent drain, faith in government diminishes further and a cycle of cynicism about public service is made worse.

The Trump administration has declared war on the regulatory state. But the things the administration is reluctant to take credit for, notably not enforcing the law and driving out talented public servants, are likely to have a much larger impact than its largely nonexistent regulatory repeals.

Stuart Shapiro does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

Source: US-Politics